Ante el silencio de la comunidad internacional, el régimen de Israel lleva más de siete décadas cometiendo crímenes contra los palestinos.

Día a día, el apoyo de Estados Unidos, el silencio obsequioso de países aliados occidentales como Francia y el Reino Unido y la traición de monarquías y gobiernos árabes como Arabia Saudí y Egipto, por ejemplo, permiten que el sionismo cometa los más execrables crímenes contra el pueblo palestino, bajo la más absoluta impunidad.

Una arbitrariedad que se expresa cotidianamente en la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, la ocupación y colonización de su territorio, la construcción de un muro -que segrega el territorio de Cisjordania y que ha concretado en Gaza- y la conformación del campo de concentración más grande del mundo. Allí, dos millones de palestinos sobreviven hacinados bajo la bota de un régimen que se asemeja, en muchos aspectos, a los peores regímenes totalitarios que ha tenido el mundo, y que permite signar con el nombre de nacionalsionismo a una entidad como la israelí, que considera a millones de seres humanos, simplemente como “animales que caminan sobre dos piernas”, como los definió en alguna oportunidad el ex primer ministro Menahem Begin. O lo señalado por Chaim Weizmann, el primer presidente del régimen de Israel, quien declaró que “los británicos nos han dicho que hay allí (en Palestina) algunos centenares de miles de negros sin ningún valor”. Palabras provenientes de los mismos que condenaban las acciones, palabras y los crímenes del nacionalsocialismo contra europeos de creencia judía y que después, como expertos alumnos, los llevan a cabo contra el pueblo palestino.

Resoluciones condenatorias ¿Para qué?

El día 23 de diciembre del año 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución N.º 2334 contra los asentamientos que el régimen sionista, en contravención contra las leyes internacionales y como evidente crimen de guerra, ha construido en tierras cisjordanas. Una resolución que salió a la luz a pesar de las presiones de la recién electa Administración Trump y el régimen de Benjamín Netanyahu, que hicieron denodados esfuerzos, junto al chantaje de organizaciones sionistas ligadas al lobby del gobierno y empresas estadounidenses -como es el Comité de Asuntos Público Estadounidense-Israelí (AIPAC)-, para impedir que la mencionada resolución saliera a la luz. La misma contó con la coautoría de Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, destinada a condenar los asentamientos de colonos sionistas.

La Resolución N°2334 señaló que la presencia de Israel y sus fuerzas ocupantes en la Ribera Occidental y en la ocupada parte de Jerusalén Este (Al-Quds) supone una “violación del derecho internacional y un grave obstáculo para solucionar el conflicto, a través de la creación de dos estados”. Y además de signar esta presencia israelí como ilegal y un freno a los intentos por hacer cumplir las exigencias internacionales (que se prolongan ya por 72 años desde la creación de Israel), la resolución consignó, por primera vez, la abstención de Estados Unidos, que con la agonizante Administración de Barack Obama dio este paso, que aunque estéril, permitió indignar a republicanos y sionistas a ambos lados del atlántico.

Hoy, tres años después, nada de lo establecido en aquella resolución se ha cumplido. Y más aún, se ha incrementado la construcción de más y más asentamientos, que elevan año tras año el número de colonos extranjeros en tierras palestinas, sobrepasando hoy los 650 mil hombres y mujeres -considerados los más extremistas de la sociedad israelí-, dotados de enormes beneficios económicos, viviendas subsidiadas, estipendios destinados a solventar su estudios talmúdicos y regalías, que no poseen otros habitantes de la entidad israelí, afincados en la Palestina histórica. No es casual que el 10 % de esos colonos sean de origen estadounidense, catalizados por el apoyo de los fondos de inversión del lobby sionista en aquel país, que alienta la inmigración ilegal y que se constituyen en un claro freno a cualquier intento de permitir el avance hacia la autodeterminación de Palestina.

A inicios de este año, la situación palestina en materia de violación a los derechos humanos de su población, refleja el azote sionista, la impunidad de sus acciones, el silencio cómplice de los organismos internacionales y sobre todo la falta de voluntad política, valentía y decisión para aplicar contra Israel lo que la propia comunidad internacional se ha dotado en materia de gobiernos, organismos o entidades que amenazan la paz, la quebrantan o representan un peligro para la humanidad, como es el caso de lo establecido en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

No hay sanciones contra Israel, no hay embargos, no hay declaración de zonas de exclusión aérea, para impedir que siga bombardeando la Franja de Gaza, Siria, El Líbano o cualquier país que sea considerado enemigo de este régimen. Esto, a pesar de que en la Asamblea General de la ONU, celebrada el 10 de noviembre de 1975, el sionismo -como ideología- fue equiparado (por 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones) con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular; y la Resolución 3379 llamó a su eliminación, entendiéndola como una forma de discriminación racial. Y habla de su eliminación para aquellos que interesadamente pretenden acallar las voces que denuncian esta ideología acusándolos de antisemitas, como una manera de presionar y castigar, aprovechando la cobardía de gobiernos como el alemán, que aún no supera su crisis de conciencia frente a los crímenes del nacionalsocialismo y que le ha permitido ser chantajeado, hasta el día de hoy, por lo que el autor estadounidense (de creencia judía) Norman Finkelstein llama “la industria del holocausto”.

Imposición es el nombre verdadero

Una ideología cuya expresión práctica se expresa contra el pueblo palestino y que en estos últimos días ha significado, por sólo dar unos cuantos ejemplos: rociar con substancias tóxicas las tierras de cultivo de la Franja de Gaza; ultimar detalles para anexar, en Cisjordania, el Valle del Jordán; bombardear la Franja de Gaza y en forma paralela asesinar a tres palestinos acusados de querer cruzar la valla artificial, que separa el enclave de los territorios con asentamientos sionistas en la Palestina histórica. Ha continuado la demolición de viviendas palestinas, que sólo este primer mes del año ha significado 20 hogares destruidos hasta sus cimientos. La respuesta, débil pero simbólica, ha venido del lado palestino donde la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que “considere a los tribunales israelíes como armas de ocupación y herramientas terroristas utilizadas contra los ciudadanos palestinos”, según informa un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina.

Una decisión que se da en momentos, que la propia ANP ha reiterado su rechazo al que Estados Unidos e Israel denominan “el Acuerdo del Siglo” y que es simplemente una herramienta de presión, de imposición y de chantaje contra el pueblo palestino. “Advertimos contra cualquier proyecto estadounidense que viole el derecho internacional”, señaló el Gobierno palestino en Cisjordania al conocer que Washington estaba cursando invitaciones al premier israelí, el procesado Benjamín Netanyahu, al líder opositor del partido israelí Azul Blanco, Benny Gantz, para discutir la puesta en práctica de una iniciativa, impresentable, creada en los despachos de Washington, Tel Aviv y Riad, para evitar la conformación de un Estado palestino.

Una iniciativa que ya ha comenzado a implementarse, a partir de la luz verde dada al régimen israelí para avanzar en la anexión del territorio palestino, donde se ubican los asentamientos con colonos extremistas, es decir, anexionar el 60% de la actual Cisjordania, signada como área C dentro de los llamados Acuerdos de Oslo. Pensar en un “acuerdo del siglo” sin la salida de los cientos de miles de colonos, el fin de las leyes de ocupación, el retorno de los refugiados, la destrucción del muro, la libertad para los siete mil presos palestinos – entre ellos 350 niños – y la proclamación del Estado palestino, con todos sus derechos y su asiento en el seno de las Naciones Unidas, es simplemente ilusorio.

Ha trascendido que la ejecución de esta imposición del siglo tendrá su fecha de proclamación, el próximo 28 de enero cuando se reúnan, posiblemente en Washington, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz (líder opositor a Netnayahu), seguramente con algunos invitados especiales de Arabia Saudí y Egipto. Estos dos últimos países están involucrados, ya sea en el financiamiento o en la posible entrega de terrenos para llevar adelante esta idea, que no tiene ningún futuro y que sólo puede significar una explosión de proporciones en la región. El procesado y aún primer ministro israelí -con su habitual verborrea al dar a conocer el fondo real de lo que se pretende-, sostuvo, ante la próxima reunión con Trump, que “con esta invitación el presidente (de EE.UU.) está buscando darle a Israel la paz y seguridad que merece, por lo que acepto con gusto la invitación, para discutir con él sus ideas y cómo avanzar la paz, y para trabajar de cerca con él para promover esa meta”.

En un artículo anterior sostuve, cuando se anunció la idea de implementar una iniciativa de paz, llamada Acuerdo del Siglo, por parte de Estados Unidos e Israel, que era necesario ser precisos en el uso de los conceptos cuando se habla del plan que EE.UU. e Israel tienen para Palestina. No se trata de un “acuerdo del siglo” como dice el consorcio estadounidense-sionista, ni una “bofetada del siglo” como sostiene la Autoridad Nacional Palestina (ANP): es lisa y llanamente una imposición, un crimen, una violación del derecho internacional y sobre todo a los derechos humanos del pueblo palestino.

La manipulación y la desinformación van de la mano y si ellas están manejadas por poderes económicos y políticos, con una aún presente hegemonía, resulta evidente que el denominar como “acuerdo del siglo” aquello que a todas luces es una imposición brutal y violatoria de los derechos de millones de personas, nos obliga entonces a denunciar estas maniobras. Lo que se está tratando de llevar a cabo ahora, de la mano de dos políticos procesados, como son Trump y Netanyahu, junto a gobiernos incapaces de oponerse al chantaje -que suele ser el arma política utilizada con frecuencia a la hora de llevar adelante sus planes internacionales- es un objetivo absolutamente atentatorio al derecho internacional, que viola los derechos humanos de la población palestina y su derecho a la autodeterminación. Esto no puede ser aceptado.

Sumemos a lo mencionado, las posturas reaccionarias de regímenes títeres de Estados Unidos: la monarquía jordana, la Casa al Saud, la pseudo democracia egipcia y el silencio cómplice de todos aquellos países que suelen alzar la voz de condena y establecer sanciones cuando se trata de Venezuela, Siria, Rusia, Irán, pero que callan vilmente cuando los violadores de las leyes internacionales, los que dotan de impunidad al régimen israelí por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, son los Estados Unidos y sus incondicionales en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU -como es el caso de Francia y el Reino Unido-, que permiten que Washington e Israel actúen como juez y parte en relación a Palestina.

Desde la Resolución N.º 2334 de diciembre del año 2016 hasta esta idea de reunirse para favorecer los intereses sionistas en Asia occidental, mucha agua ha pasado bajo el puente, a la par de la sangre de cientos de palestinos, hombres, mujeres y niños asesinados a manos del sionismo y la connivencia de aquellos que se niegan a condenar, denunciar y luchar contra una ideología que representa una amenaza para los pueblos del mundo. No hay posibilidad de paz para la región de oeste de Asia sin la completa eliminación del sionismo.